Tuve la oportunidad de tener en mis manos dos libros publicados por la Universidad Austral de Chile. Se trata de las historias y geografías de dos comunidades indígenas de la comuna de Panguipulli. Uno es de Bocatoma (983.5 CATbh 1998) y el otro es de Coihueco (983.5 CATb 1998). Tienen fecha de edición el año 1998 y ambos corresponden a una investigación realizada por un equipo multidisciplinario en la zona, realizado en 1998. Este equipo estuvo compuesto por profesionales docentes de la misma Universidad, apoyados por un grupo de estudiantes de pre-grado. Hasta aquí, todo bien.
La lectura es llana, fácil de seguir. Es más, incita a querer saber más de estas comunidades y de sus gentes. Deja varios temas flotando en el aire. Pero no quiero hacer sobre ellos un análisis de estilo o nada que se le parezca. Mi tema es otro.
Hay en estos libros algo que me parece particularmente violento. En las primeras páginas es posible leer la nómina de participantes y colaboradores que este proyecto de investigación tuvo, se lee con facilidad las competencias y responsabilidades que a cada uno de ellos le cupo. Y resulta que han reservado los derechos de autor de la obra. Yo creo sinceramente que no se dan cuenta de qué es lo que han hecho.
Ahora resulta que esas historias locales y esas referencias geográficas no les pertenecen a las personas que viven allí. Nada de eso. Ahora son patrimonio privado de quien inscribió el derecho de autor. Entonces las comunidades no debieran poder en adelante disponer de su patrimonio, sin antes pedir permiso a quien ha inscrito derechos sobre lo que ellos mismos permitieron que se grabara o que se capturara a través de una cámara fotográfica.
Puede ser que quien ha inscrito los derechos de autor hubiese tenido las mejores intenciones. En cuyo caso, su acción de seguro no tendría mayor perjuicio para las gentes de Llongahue y Coihueco.
Tal vez en su época previó la posibilidad de que el día de mañana la misma Universidad negociara con un gigante corporativo y vendiera esos derechos. Por qué no, si ahí están los muchos ejemplos de lo que la industria farmacéutica le ha hecho al conocimiento en herbolaria de la medicina tradicional. Por qué no, si en mi país la gran mayoría de los derechos de aguas están en manos de grandes empresas. Por qué no, si hasta Microsoft pretende adueñarse de las lenguas originarias al crear interfaces en lenguas nativas.
Y si así fuera, también se estaría cayendo en falta. ¿Quien legitima que una persona se quiera herguir como santo guardian del patrimonio de comunidades humanas vivas? ¿Quien se arroga o quien delega ese derecho? ¿Acaso es mucho pedir que sean las propias comunidades las que informada y soberanamente decidan sobre estas cosas, en vez de que un sector de la academia pretenda sustituir sus voces?
Yo creo que aquello fue un error. Los derechos debieron haber sido reservados en nombre de las propias comunidades, junto con (in) formarlas sobre este feo vicio de la cultura occidental de querer tener delimitada la propiedad hasta del aire que se respira.
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