Caso Ralco: la solución viciada, por Marcel Claude

El pasado 16 de septiembre la empresa transnacional Endesa-España y el gobierno de Chile firmaron dos memorandos de entendimiento con las familias pehuenches que se oponían a la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío. Estos memorandos están centrados en una enumeración de compensaciones económicas que estas recibirá, lo que constituye la rúbrica final a una situación más de atropello del que han sido víctima los pueblos originarios.

Lo que certificó –en su visita a Chile- el relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, Rodolfo Stevenhagen. Este indicó que “en la medida que no se ha tomado en cuenta en la planeación, en el diseño y en la ejecución de la obra, desde el principio, las necesidades de la población afectada, Ralco es efectivamente una violación a los derechos humanos”.

Así también lo ratificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que en febrero de este año dictó dos medidas precautorias solicitando la paralización de las obras ante la denuncia de violación por parte del Estado de Chile, a los derechos contemplados en distintos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, Endesa no sólo no paralizó las obras sino que además inundó parte del terreno en disputa, con la abierta complacencia del gobierno chileno.

A esto se debe sumar que el proyecto no cuenta con el respaldo medioambiental de la legislación chilena vigente, ya que existe un fallo de mayo de este año, del Sexto Juzgado Civil de Santiago, que acoge la demanda entablada en 1997 por las hermanas Quintreman y Julia Huenteao pidiendo la declaración de nulidad de derecho publico del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) y de la autorización ambiental. La sentencia se sustenta en el hecho que el proceso de EIA de Ralco se hizo sobre la base de un acuerdo de voluntad entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente y Endesa que carecía de fundamentación legal, toda vez que a la época de su suscripción no se había dictado el reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente.

Estos antecedentes no hacen más que confirmar la existencia de graves vicios en el proceso de aprobación gubernamental de esta central, tal como por años ha sido denunciado por los pehuenches y por organizaciones de derechos humanos. Entonces estos memorandos no son una respuesta a la vulnerabilidad en que se puso a las leyes chilenas, sino una solución de parche para seguir adelante con el proyecto.

Por eso el viciado final de Ralco plantea una revisión y corrección de todas las irregularidades de la aprobación de este proyecto, ya no quedan claros los precedentes jurídicos sobre la aplicación de la Ley Ambiental y la Ley Indígena. Lo que sigue dejando en duda la legitimidad jurídica de la central Ralco y abre la puerta para futuras violaciones a nuestra legislación.